Guatemala es uno de los países con índice de desarrollo humano más bajo en la región de Latinoamérica, siendo también el único con niveles de pobreza en aumento en la pasada década. Aunque las personas con discapacidad continúan ausentes de dichos estudios, informes globales de situación hacen inferir la grave exclusión en la que se encuentran en Guatemala, un país mayoritariamente rural, indígena y en vías de desarrollo.
La escasez de servicios básicos de salud y rehabilitación, los mínimos niveles de acceso a la educación – principalmente segregada y en la lógica de la educación especial, la prevalencia del modelo de la institucionalización, el abandono, el desempleo, la violencia física, psicológica y sexual, fueron documentados ampliamente y presentados ante el Comité de la ONU (el Comité CRPD) que supervisa el cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en agosto de 2016, órgano que emitió una serie de recomendaciones para superar las graves deficiencias y avanzar con el reconocimiento pleno y cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El presupuesto necesario para implementar la ley en caso sea aprobada, no rebasa el 1% del presupuesto nacional
El Comité CRPD recomendó que de manera urgente se cumpliera concretamente con dos medidas, con el propósito de iniciar el verdadero trabajo, incluyendo la erradicación de las prácticas generalizadas de seguir tratando a las personas con discapacidad como objetos de caridad y asistencia. Estas dos recomendaciones refieren a: (1) aprobar la iniciativa de ley con número de registro 5125, que propone una ley marco de personas con discapacidad y cuya formulación es congruente con el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, y (2) elaborar y poner en práctica un plan para la eliminación del modelo de institucionalización de personas con discapacidad, especialmente de niños y niñas, adoptando las medidas necesarias para su inclusión plena en la comunidad en que vivan.
La iniciativa no. 5125 es el resultado de más de cuatro años de arduo trabajo en donde se contó con las contribuciones de técnicos y profesionales expertos en derechos de las personas con discapacidad y expertos en formulación de legislación y gestión parlamentaria. Después de una historia de invisibilización y exclusión estructural, dicha iniciativa pretende revolucionar al Estado mismo, proponiendo un sistema moderno, justo y adecuado a la realidad nacional, reconociendo en primer lugar que las personas con discapacidad son sujetos de derechos humanos, que no son una población homogénea sino muy diversa y dispersa, y por ello reconociendo que hay graves ausencias en los servicios básicos, en la prevención y combate a todas las formas de violencia incluyendo la estructural, la falta casi absoluta de accesibilidad a la infraestructura, el transporte, la información y comunicaciones, al desarrollo comunitario, y a la protección contra los malos tratos, el abuso, la explotación e incluso a actos considerados como tortura.
Esta iniciativa de ley también pretende facilitar la inclusión de niños, niñas y jóvenes con cualquier tipo de discapacidad, a la educación generalizada, a la vida en familia, a la participación política, al fomento del arte y la cultura y, en términos generales, a procurarles una vida digna. Es claro que todas estas aspiraciones y pleno cumplimiento de los derechos no se obtendrán de inmediato al ser aprobada la ley propuesta; sin embargo, la ley sería una herramienta fundamental para iniciar ese largo tránsito hacia el logro de un mundo más justo y equitativo.
Para que la iniciativa mencionada se convierta en ley vigente y obligatoria, el Congreso de la República debe aprobarlo en tres debates y una lectura final por artículos. En estos momentos, la iniciativa se encuentra pendiente de tercer debate y aprobación por artículos, etapa crucial debido a la necesidad de ser aprobada por mayoría calificada, es decir, que 105 de los 158 parlamentarios deberán votar a favor de su aprobación.
En esta etapa del proceso, el movimiento de personas con discapacidad y sus aliados han hecho un despliegue intenso de cabildeo, sin embargo, unos cuantos legisladores han cuestionado lo que ellos consideran un presupuesto demasiado alto para su aplicación. Hay que señalar que la iniciativa es de suma complejidad porque su propósito es una revolución estructural y, por tanto, sentar las bases de un Estado fuerte que responda a su compromiso por la inclusión y respeto de los derechos de las personas con discapacidad, pero aún subrayando este objetivo, el presupuesto necesario para implementar la ley en caso sea aprobada, no rebasa el 1% del presupuesto nacional, y esto distribuido en todas las instituciones del Estado, con el fin de atender mínimamente el reclamo por los bienes y servicios del Estado al los cuales tienen harto derecho el 15% de la población guatemalteca.
En este punto crucial, la voz disidente del diputado Fernando Linares Beltranena, abogado defensor de las causas más espúreas, caracterizado por su acostumbrada actitud despreciativa hacia las mujeres, los indígenas, quienes luchan por la justicia social, la comunidad LGBT y los jóvenes, ahora lo hace en contra de las personas con discapacidad, expresando despectivamente y con un estilo que hace recordar los exterminios en las cámaras de gas, que las personas con discapacidad “no valen la inversión del Estado y que solo representan un gasto para los contribuyentes”. Sin embargo, aunque Linares Beltranena se expresa abiertamente de manera tan descalificativa y peyorativa, no es el único diputado en el Congreso que piensa así.
Las personas con discapacidad se encuentran ante la gran oportunidad de revertir la exclusión y contar con valiosas herramientas para combatir la discriminación y la violencia, que viven cotidianamente y se ejemplifica con la actitud de funcionarios como el diputado aludido. Hay otros parlamentarios abiertos y con toda la voluntad de apoyar la aprobación de la iniciativa de ley.
Ahora más que nunca es cuando las personas con discapacidad y sus aliados deben cerrar filas contra el rechazo, la marginación y la indiferencia. La oportunidad es única, apoya firmando la petición:
